La prisión provisional (o “prisión preventiva”, como se le conoce comúnmente), es una medida cautelar de carácter extraordinario (y, por tanto, excepcional) que se ha de aplicar únicamente cuando existen indicios sólidos de comisión de un delito contra una persona. Acordar la prisión provisional supone, al menos técnicamente, meter a una persona inocente en prisión, por lo que se debe hacer únicamente en casos muy excepcionales.
Ahora bien, de vez en cuando los jueces de instrucción que acuerdan las medidas cautelares de prisión preventiva se equivocan, sobreestiman el valor o el peso de los indicios de criminalidad que tienen y ordenan el ingreso en la cárcel de una persona que, ulteriormente, resulta absuelta.
¿Qué ocurre en esos casos en los que una persona ha estado privada de libertad durante un tiempo y que luego se haya decretado su absolución o se haya sobreseído (o archivado) su causa? ¿Tiene derecho a reclamar una indemnización? Hasta ahora, únicamente se acordaba indemnizar a la persona perjudicada por una situación así cuando el motivo de la absolución se debía a que se había podido acreditar que el hecho que se le imputaba era inexistente. Es decir, no bastaba con la “presunción de inocencia”, sino que debía quedar demostrada su inocencia, más allá de toda presunción.
En 2019, el Tribunal Constitucional decidió ampliar los derechos de indemnización de los presos preventivos que terminan siendo absueltos, eliminando la distinción entre los presos según los motivos que llevan a esa situación de absolución a la hora de percibir la reparación económica. Es decir, una persona a la que se le absuelve de un delito es inocente a todos los niveles y, en consecuencia, su prisión preventiva se ha de considerar injusta siempre. No existe la figura de “una persona más inocente que otra”. Por lo tanto, igualar los derechos de todas las personas absueltas es un triunfo de la presunción de inocencia.
Desde que el Constitucional tomara esta decisión en junio de 2019 se ha reconocido el derecho a ser indemnizados a más de 40 ex-presos y muchos otros esperan su turno, como Sandro Rosell, expresidente del Barça, que reclama casi 30 millones de euros al Estado por sus cerca de dos años en la cárcel. El Ministerio de Justicia, por su parte, espera un dictamen del Consejo de Estado para asignar las cuantías que correspondan.
Sobre este tema la periodista Ana Moreno ha escrito un artículo en InfoLibre, que cuenta con la opinión de nuestro socio Eduardo Gómez Cuadrado. El artículo (solo disponible para socios) se puede ver haciendo click en este enlace.
