El gobierno de la Comunidad de Madrid pretende limitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, a pesar de que éste es un derecho fundamental reconocido como tal en la Constitución española que garantiza que todas las personas, con independencia de su capacidad económica y condición, sean asistidas por un abogado que defienda sus intereses. En muchas ocasiones la existencia efectiva de este derecho evita que cualquier persona se encuentre en situación de indefensión ante los tribunales, garantizando derechos tan relevantes como el de no confesarse culpable y la presunción de inocencia.
Las 4.500 abogadas y abogados del turno de oficio de Madrid hemos estado en huelga y seguimos reclamando nuestros derechos. No nos pagan ni reconocen nuestra importancia como sujeto imprescindible en la tutela de las garantías constitucionales. Tampoco nos escuchan. Lo peor de todo es que no somos los más perjudicados: las personas más desfavorecidas van a ver restringido, cuando no anulado, su derecho a la asistencia letrada gratuita.
Por un lado, la Comunidad de Madrid está desprestigiando el turno de oficio con impresentables y falaces declaraciones en los medios de comunicación. Por otro lado, no nos pagan o lo hacen con retraso (incluso cuando lo hacen las cuantías son irrisorias y no cubren siquiera los gastos en que hemos incurrido para defender a nuestro cliente). La finalidad encubierta de estas prácticas degradantes no es otra que la privatización del servicio para entregárselo a cualquier despacho grande que cobre poco a la CAM y contrate a profesionales mal pagados, cuando no en prácticas. Ésta situación es intolerable y tiene ya las siguientes consecuencias:
a) La defensa jurídica en casos de violencia de género está siendo asumida por organizaciones que reciben subvenciones de la CAM, lo que limita su capacidad de actuación y las convierte en entidades acríticas con el sistema. Esta situación contrasta negativamente con la existente cuando la defensa era asumida por letrados de oficio, pues la actuación de los abogados de oficio era imparcial, el sistema de asignación de casos aleatorio y los letrados absolutamente independientes ante cualquier presión institucional.
b) En supuestos de rechazo en frontera de personas que migran a España sin permiso de las autoridades (entrada en el territorio español por el aeropuerto de Barajas), el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se condiciona a que el extranjero aporte documentos que sólo podría conseguir en España, por lo que nunca se les reconoce su derecho a abogado de oficio, imprescindible para recurrir las decisiones gubernamentales relativas a su situación de expulsión o rechazo.
c) Por otro lado, la CAM pretende establecer un nuevo sistema informático en el que no puede introducirse un número de pasaporte, y el ciudadano atendido sólo puede ser identificado en base a su DNI o NIE. Por tanto, las personas sin permiso de residencia no identificadas con un NIE no podrán acceder al derecho.
d) Se pretende además que los abogados del turno de oficio fiscalicen la veracidad de los datos aportados por sus clientes, exigiendo a estos profesionales prestadores de un servicio público que se conviertan en policías o vigilantes de sus conciudadanos, lo que va en detrimento del derecho de defensa y la deontología profesional de la abogacía. Llevado a extremos absurdos, sería algo así como exigir que el médico que opera en urgencias en un hospital público investigue a su paciente, lo denuncie si está defraudando al sistema público y no cobre de la CAM por la operación, teniendo que facturar él mismo al paciente y obligarle al pago por medios coercitivos en caso de que se niegue a abonar la factura o no pueda hacerlo.
Es importante transmitir que la supresión del turno de oficio no sólo afecta a los profesionales que lo ejercemos sino al común de la ciudadanía, y es de todos su defensa y el reclamar a las autoridades su ejercicio efectivo y digno y que como derecho público que es no debe estar supeditado a criterios de beneficio económico y mucho menos si se pretende que este sea privado.
RED JURÍDICA ABOGADOS
«POR UN TURNO DE OFICIO PÚBLICO, DIGNO Y DE CALIDAD»
