Hace tres años, nueve activistas se concentraron frente al Congreso de los Diputados para exigir que se aprobaran medidas destinadas a revertir los efectos del cambio climático. Cuatro de ellas arrojaron agua con pintura roja diluida sobre la escalinata. Todas se han sentado en el banquillo, acusadas de la comisión de un delito de daños contra el patrimonio histórico.
Hoy hemos defendido que se trata de un acto de protesta amparado por la libertad de expresión, el derecho a la participación política y el derecho de reunión.
Ante la inactividad de los Estados frente al cambio climático, las acciones de desobediencia civil, simbólicas y llamativas, son uno de los pocos recursos que le queda a la sociedad civil para proteger al planeta y las especies que lo habitamos.
Podéis leer una crónica del juicio en eldiario.es, El País, El Salto y otros medios
