En los medios

201712.12
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Interior inventa una definición de delito de odio diferente a la del Código Penal

Por Alejandro Torrús. Publicado en Público

El titular es cada vez más habitual en periódicos y telediarios. Fiscalía investiga por delitos de odio y amenazas la expulsión de los policías de los hotelesLa Fiscalía investigará por delitos de odio a quienes presionen a alcaldes no independentistas; o La Fiscalía de Barcelona investiga los tuits sobre la muerte de Maza como presuntos delitos de odio. El propio ministro del Interior, el exjuez Juan Ignacio Zoido, ha contribuido enormemente a popularizar el concepto de “delito de odio”. Suya fue la decisión de crear un gabinete para las denuncias de agentes de policía por presuntos delitos de odio en Catalunya.

“Vamos a perseguir y enjuiciar los delitos de odio para que, sobre los culpables,caiga el peso de la ley, que es lo que pasa en los países libres y democráticos y donde prima la división de poderes y el Estado de derecho”, subrayó Zoido, que advertía de que el Ejecutivo no va a parar hasta que “todos los que les han faltado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado paguen judicialmente por ello“.

El problema llega cuando se intenta clarificar qué es un delito de odio y qué no. El Ministerio del Interior ofrece para ello una definición junto a la información sobre su Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio creada por la “situación en Catalunya”. La definición aportada por el departamento que dirige Zoido, sin embargo, no se corresponde con la que se recoge en el artículo 510 del Código Penal, que es el que regula en sus dos apartados este tipo de delitos.

Concretamente, si el usuario hace click en la pregunta ¿Qué es un delito de odio? se encuentra con que para Interior son “aquellos incidentes que están dirigidos contra una persona motivados por un prejuicio basado en: la discapacidad, la raza, origen étnico o país de procedencia, la religión o las creencias, la orientación e identidad sexual, la situación de exclusión social, o cualquier otra circunstancia o condición social o personal”.

Los expertos en Derecho Penal consultados por este medio discrepan de la definición ofrecida por Interior y consideran que sobrepasa con creces lo fijado en el artículo 510 del Código Penal. Especialmente, aunque no únicamente, en dos aspectos. Por una parte, “cualquier incidente” no puede ser un delito de odio y, por otra, la categoría de “cualquier otra circunstancia o condición social o personal” no aparece el Código Penal ya que convierte este delito en un verdadero cajón de sastre.

Este periódico ha contactado con Interior, que no ha ofrecido ningún tipo de respuesta para explicar la diferencia. 

Es un delito de discriminación

Así, Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, señala en primer lugar que un “delito de odio” no puede ser nunca “un incidente”, tal y como dice Interior. “Un delito de odio es un delito. No un incidente. Es una conducta tipificada en el Código Penal. Con esa definición parece que se puedan castigar las faltas de educación o conductas que pueden ser afeadas en la vida en sociedad, pero que en ningún modo puede ser delito”, prosigue Teruel, que denuncia la tendencia a intentar convertir todo en un delito de odio.

En segundo lugar, el abogado de la Red Jurídica Daniel Amelang denuncia que en el artículo 510 del Código Penal, que regula los delitos de odio, recoge una “lista cerrada” de las motivaciones que pueden dar lugar a la comisión de un delito de odio y que en esa relación no cabe, tal y como dice sí recoge Interior, “cualquier otra circunstancia o condición social o personal”. En esa lista cerrada, sí se encuentran los motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

“No podemos llevar el delito de odio a una definición tan amplia ya que nos cargamos el espacio para la libertad de expresión y llevamos al Derecho Penal a espacios donde no corresponde”, señala Germán Teruel, que denuncia que “se está desvirtuando la categoría de los delitos y discursos de odio. “Los delitos de odio se crearon para proteger a los conocidos como ‘colectivos diana’, es decir, colectivos que tradicionalmente han sido discriminados o han sufrido persecución. Nos estamos acostumbrando a que los políticos acusen de delito de odio a aquellos que les insultan por redes y no. Eso puede ser una injuria, pero no un delito de odio”, añade Germán Teruel.

La jurista especializada en Derecho Penal Isabel Elbal defiende que la definición aportada por Interior contribuye a “desnaturalizar” un delito que debería conocerse como “de discriminación” y no de odio. “Se está haciendo demasiado hincapié en la palabra odio y no. Es un delito discriminatorio que busca proteger a aquellas minorías que pueden ser atacadas por razón de su origen, orientación o identidad sexual, etc. Pero insisto: se trata de minorías”, explica a Público la abogada, que asegura que el Código Penal ya tiene otras figuras como “las injurias”, las amenazas o las coacciones para castigar las ofensas.

Un policía, ¿víctima de un delito de odio?

El exjuez Zoido ha hecho especial hincapié en las últimas semanas en la protección de los agentes de Policía y Guardia Civil que han sufrido “delitos de odio”. Una vez más surge la duda. ¿Puede un policía o un guardia civil ser víctima de un delito de odio? La pregunta es fundamental. “No y no”, responde la jurista Isabel Elbal. “Los delitos de odio no están diseñados para proteger ni a los policías, ni a la Guardia Civil, ni a al Gobierno, ni tampoco a la oposición. Protege a minorías vulnerablespor los motivos que describe el Código Penal”, responde Elbal.

Por su parte, el jurista Daniel Amelang explica que el Código Penal no recoge la profesión como una categoría de discriminación en los delitos de odio y, por tanto, no parece que se puedan perseguir como delitos de odio las denuncias que ha ido anunciando el ministro en relación a la situación sufrida por agentes de Policía o Guardia Civil en Catalunya o a los chistes en redes sociales por la muerte del fiscal Maza.

“Tampoco cabe aplicar la aplicación del delito odio en base a la ideología de los agentes de policía. Lo que el tipo penal del 510 Código Penal enumera son las características de la víctima del delito. No describe las características del autor. Por ello, la ideología de quien discrimine a la policía es indiferente; lo relevante es el ideario de quienes fueron objeto de esas protestas. Y el artículo 5 de Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que la policía ha de ser neutral políticamente”, sentencia el letrado.

Interior dice ahora que un delito de odio “es un concepto más amplio” que lo plasmado en el Código Penal

Por Alejandro Torrús. Publicado en Público

El Ministerio del Interior utiliza en su web una definición de delitos de odiodiferente a la que está plasmada en el Código Penal. La definición del Ministerio que dirige el exjuez Juan Ignacio Zoido habla de los delitos de opinión como cualquier “incidente” que están dirigidos contra una persona motivados por un prejuicio basado en: la discapacidad, la raza, origen étnico o país de procedencia, la religión o las creencias, la orientación e identidad sexual, la situación de exclusión social, o cualquier otra circunstancia o condición social o personal“.

La definición del Ministerio, tal y como analizó este medio el lunes, es imprecisa a la par que confusa ya que habla de “incidentes” cuando se trata de delitos y convierte el delito de odio en un verdadero “cajón de sastre” ya que añade la categoría de por “cualquier otra circunstancia, condición social o personal”. Este periódico preguntó a Interior tanto lunes como martes por qué el Ministerio utiliza en su web una definición de delito de odio diferente a la que se usa en el Código Penal y si esa información que se da a la ciudadanía no podría estar llevando a equívoco sobre el verdadero alcance y objetivo de los delitos de odio. Asimismo, se preguntó por qué habla de “incidentes” cuando se trata de delitos y qué valoración jurídica realizan para considerar que los agentes de Policía o Guardia Civil pueden ser víctimas de un delito de odio.

La respuesta de Interior llegó ayer, por el martes, cerca de mediodía. El Ministerio que dirige el exjuez Juan Ignacio Zoido ha remitido a Público un correo electrónico en el que explica que un “delito de odio es un concepto más amplio que cualquier tipo penal del Código Penal”. Interior explica que la referencia sobre qué es un delito de odio “procede de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)” que en su informe del año 2012 señaló que un delito de odio es “cualquier tipo de delito que se cometeseleccionando a su víctima por su pertenencia a un determinado grupo social”. En este sentido, Interior apunta que “en España existe un tipo específico, que es el del artículo 510 (incitación al odio), aunque, siguiendo los criterios de la OSCE, también recogidos por la UE, se consideran en este campo otros tipos penales relacionados”. [RESPUESTA COMPLETA AL FINAL DEL ARTÍCULO]

Las preguntas de vuelta llegaron rápido a Interior y añadimos alguna nueva: “Ustedes hablan de ‘cualquier otra circunstancia o condición social o personal’. ¿No le parece que eso es un concepto tan indeterminado que puede ser peligroso para la seguridad jurídica?” y también preguntamos por qué hablan de incidente cuando en su propia respuesta hablan de delitos. La respuesta de Interior fue tan rápida como la pregunta: “Te remito a la explicación que te he enviado”.

Reacción de los expertos

Con este contexto, Público remitió la respuesta de Interior a los tres expertos que habían analizado previamente la definición del Ministerio en el artículo Interior inventa una definición de delito de odio diferente a la del Código Penal. Es decir, a la jurista y experta en Derecho Penal Isabel Elbal; con el letrado de la Red JurídicaDaniel Amelang; y con el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, Germán Teruel.

“La respuesta es una auténtica excusa de mal pagador. Por una parte, está tratando de vinculante algo que no lo es (el informe de la OSCE) y prueba de ello que no todos los países siguen la misma linea de actuación ante conductas delictivas por motivos discriminatorios. Por otra, es incierto o directamente falso que un delito de odio es un concepto ‘muy amplio’. Viene perfectamente definido en nuestro Código Penal donde se establece que los ataques deben estar dirigidos a grupos de una minoría étnica o religiosa o colectivos tradicionalmente discriminados como LGTB. Esa lista de supuestos es cerrada y no cabe decir, como dice el Ministerio del Interior, que es un delito amplio. No, no lo es”, responde la jurista Isabel Elbal. 

El jurista Daniel Amelang, de la Red Jurídica, señala que la respuesta de Interior“no tiene sentido” ya que no contesta a las preguntas planteadas y no explica por qué utiliza una definición que va “más allá” del Código Penal. “Un delito de odio es lo que dice el Código Penal que es un delito de odio. Interior viene a decir que maneja una definición no jurídica, pero no explica por qué va más allá del Código Penal. Podría entender que dijeran que un acto de odio va más allá del Código Penal, pero nunca un delito de odio”, explica Amelang, que señala que si Interior promociona una web para que se denuncien los delitos de odio, como es el caso, tiene que informar sobre lo que dice el Código Penal español y no facilitar una información que “mucho más allá” de la legislación española.

Por último, el profesor de la Universidad de Murcia Germán Teruel señala que la respuesta de Interior “en abstracto y aislada del contexto está muy bien”, ya que el informe de la OSCE es la base para regular este tipo de delitos, pero que existe un problema importante:  “La web de Interior no dice eso.Interior dice en su web que se trata de ‘cualquier incidente’ y eso no es cierto. También habla de cualquier condición y eso tampoco es cierto. Tiene que ser un incidente con entidad suficiente para ser considerado delito”, señala Germán Teruel, que concluye señalando que en este caso cree que Interior “se está equivocando”. “No creo que lo hagan por afán restrictivo o conspiranoico, pero están vulgarizando un delito y divulgando una información sobre un delito que no se corresponde con lo que aparece en el Código Penal con el consiguiente riesgo para la seguridad jurídica o la autocensura”, sentencia.

Respuesta íntegra de Interior

“Delito de Odio” es un concepto más amplio que cualquier tipo penal del Código Penal. La referencia sobre lo que es un “Delito de Odio” procede de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y específicamente de la Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) perteneciente a la OSCE. Se adjunta un informe de este organismo del año 2012 (http://www.osce.org/odihr/108395) en el que aparece resaltado en amarillo (pág. 6) cuándo se acuñó este término (hate crime) y qué significa exactamente: cualquier tipo de delito que se comete seleccionando a su víctima por su pertenencia a un determinado grupo social (delitos cometidos con una motivación sesgada “bias motivation”). Como el informe señala, en algunos países no son delitos específicos sino circunstancias agravantes de “delitos ordinarios”.

En España existe un tipo específico, que es el del artículo 510 (incitación al odio), aunque, siguiendo los criterios de la OSCE, también recogidos por la UE, se consideran en este campo otros tipos penales relacionados (ver por ejemplo https://juiciopenal.com/delitos/delitos-de-odio/los-delitos-odio-codigo-penal/), así como cualquier otro delito en el que se aprecie la circunstancia agravante del artículo 22.4 “Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”.

Las estadística muestran, como así también lo consideran los principales colectivos afectados, que la mayor parte de los “delitos de odio” se corresponden con lesiones, amenazas, trato degradante, daños y otros “delitos ordinarios” que sin la apreciación de ese componente de prejuicio contra un determinado grupo social no serían considerados como “delito de odio”. Así, se considera un “delito de odio” el insulto a una pareja homosexual por el hecho de serlo; la amenaza a un inmigrante por su condición; o la agresión a un musulmán por profesar esta religión.

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